(teveotrujillo@hotmail.com) La Policía compromete en estos hechos a los “patriarcas’ Manuel y Orlando Sánchez Paredes. A las 5 de la tarde de ayer, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, titular de la Primera Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, recibió de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) el voluminoso expediente del caso Sánchez Paredes por presunto lavado de activos.
Informaron que el atestado elaborado por el equipo especial de investigación de esa instancia policial confirmaría que el principal cargo contra los integrantes de la citada familia es que estos habrían constituido una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Los documentos derivados al Ministerio Público darían cuenta de que el clan Sánchez Paredes habría inyectado dinero a la empresa minera Comarsa, realizado conversión, transferencias y ocultamiento de dinero, y sobrevaluado bienes.
Las fuentes también aseguran que en el atestado se habría dado cuenta de un presunto desbalance patrimonial en la familia, así como de inyecciones de capital ilegal en el circuito financiero legal.
Trascendió que los implicados en estos hechos son –según la Policía Antidrogas– los llamados “patriarcas’ de la familia, es decir, los hermanos Manuel y Orlando Sánchez Paredes, y los hijos del primero de los mencionados, Miguel Ángel y Fidel Sánchez Alayo.
El equipo especial de la Dirandro también incluyó en el expediente una relación de funcionarios públicos que se mostraron sospechosamente interesados en los pormenores de esta “megainvestigación”. Básicamente, los agentes se han referido a altos oficiales de la Policía y del Ejército Peruano.
Al recibir los miles de documentos, el fiscal Chávez Cotrina no quiso emitir ninguna opinión y solo se limitó a decir que era “demasiado pronto” para adelantar si denunciará o no a la familia. La defensa legal del clan no pudo conocer el contenido del atestado policial ni de los anexos.
Como se recuerda, la investigación fiscal empezó el 14 de enero de 2008 y ha estado a cargo del mencionado fiscal. Sin embargo, las pesquisas policiales tienen más tiempo en curso.
A lo largo del proceso investigativo, la familia Sánchez Paredes ha intentado detener las indagaciones con hábeas corpus en algunas zonas del interior del país. Ahora solo queda esperar que, en dos semanas, la Fiscalía decida si denuncia o no.
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